Por qué exigimos justicia para nuestros compañeros y sus familias

El reclamo de justicia por los compañeros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar no es solo una cuestión del pasado. Es una exigencia presente que sigue movilizando a trabajadores, familiares y organizaciones sindicales.

En el centro de esta lucha está el caso de Emilio Parodi, quien se desempeñaba como jefe de Personal en la planta Avellaneda de Bunge & Born (hoy en manos de Molinos). Según la investigación judicial, Parodi tuvo una responsabilidad directa en la desaparición de tres trabajadores de la empresa durante el terrorismo de Estado.

¿Por qué seguimos exigiendo justicia? Porque los compañeros secuestrados, torturados y desaparecidos formaban parte de una comunidad laboral que todavía se siente herida. Sus familias nunca tuvieron respuestas completas ni un cierre con verdad y castigo a los responsables. Y porque permitir que estos hechos queden impunes es aceptar que se puede repetir.

La causa judicial avanza con lentitud, como ocurre con muchos expedientes de delitos de lesa humanidad. Por eso las organizaciones de trabajadores y los organismos de derechos humanos mantienen la presión pública: marchas, comunicados, pedidos de agilización y acompañamiento constante a las familias.

Los tres trabajadores desaparecidos representaban a una generación de delegados y activistas sindicales que en los años setenta luchaban por mejores condiciones de trabajo. Su secuestro no fue un hecho aislado: formó parte de un plan sistemático para disciplinar a la clase obrera y eliminar toda disidencia.

Llevar a Parodi al banquillo de los acusados significa reconocer que la responsabilidad no terminó en los cuarteles. También alcanzó a civiles con cargos gerenciales que colaboraron activamente con el régimen. Ese es un punto clave que la Justicia debe terminar de esclarecer.

Desde las comisiones de derechos humanos de distintos gremios se insiste en que la memoria no es solo recordar nombres: es garantizar que los responsables sean juzgados y condenados conforme a derecho. Las familias de los desaparecidos merecen que el Estado cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar.

Este reclamo se sostiene con el paso de los años porque la herida sigue abierta. Cada vez que se posterga una audiencia o se dilata un juicio, se revictimiza a las familias. Por eso la consigna “justicia por nuestros compañeros” sigue vigente en las calles y en los lugares de trabajo.

La buena noticia es que la causa no está detenida. Avanza, aunque con los tiempos propios de la Justicia federal. El acompañamiento de los sindicatos y de la sociedad civil es fundamental para que no quede archivada ni diluida.

Exigir justicia en estos casos no es revanchismo. Es defender el principio básico de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes ocupaban puestos de poder en empresas privadas durante la dictadura. Es también una forma de proteger la democracia actual: la memoria y el castigo a los culpables son pilares para que nunca más se repita.

Mientras las familias sigan reclamando y los compañeros de fábrica sigan recordando, la exigencia de verdad y justicia va a continuar. No es solo por tres nombres. Es por todos los que perdieron la vida defendiendo derechos laborales y por el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores.