Luchar no es delito: reclaman absolución para los 19 procesados del jujeñazo

A tres años de las masivas protestas en Jujuy contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, 19 manifestantes serán llevados a juicio oral. Organizaciones de derechos humanos, gremios docentes y sociales reclaman su absolución inmediata bajo la consigna "Luchar no es delito" y piden que se investigue la responsabilidad política de la brutal represión policial.

El caso, conocido como el "jujeñazo", se remonta a junio de 2023. Miles de personas salieron a las calles para rechazar la reforma que limitaba el derecho a la protesta y modificaba el régimen de coparticipación provincial. Las manifestaciones derivaron en fuertes choques con la policía, que dejó decenas de heridos y detenidos.

Según la , Canal Abierto, los 19 procesados enfrentan acusaciones que van desde daños, resistencia a la autoridad y hasta incitación a la violencia. Muchos de ellos son docentes, trabajadores estatales y referentes sociales que participaron de las movilizaciones en defensa de sus salarios y condiciones laborales.

"Estos compañeros y compañeras no cometieron ningún delito. Solo ejercieron su derecho constitucional a protestar", afirmaron desde la Multisectorial en defensa de los perseguidos políticos de Jujuy. La agrupación, que nuclea a sindicatos, organismos de DDHH y partidos políticos, organizó una campaña nacional para visibilizar el caso y exigir el sobreseimiento.

Durante las protestas de 2023, la policía jujeña fue acusada de usar balas de goma de manera indiscriminada, gases lacrimógenos en dosis excesivas y detenciones arbitrarias. Hubo denuncias de torturas y maltratos en comisarías. Hasta el momento, ninguna de las causas contra los funcionarios y policías responsables avanzó de manera significativa.

El juicio oral está previsto que comience en las próximas semanas. Los defensores de los imputados sostienen que se trata de un caso de criminalización de la protesta social y advierten que podría sentar un precedente peligroso para todo el país.

Desde la Multisectorial pidieron que el Poder Judicial "deje de perseguir a quienes luchan por sus derechos" y que se abra una investigación seria sobre las órdenes políticas que habilitaron la represión. "No queremos chivos expiatorios. Queremos justicia real", señalaron.

El reclamo se suma a otras voces que, en diferentes provincias, denuncian el uso cada vez más frecuente de causas penales contra manifestantes. Organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional y la APDH ya expresaron su preocupación por el caso jujeño.

Para los familiares y compañeros de los procesados, este juicio representa mucho más que un proceso judicial: es una prueba de fuego sobre hasta dónde el Estado está dispuesto a tolerar la disidencia social en Argentina.