Por qué el Gobierno excluyó a las fintech del pago de sueldos
La Casa Rosada dice que las billeteras no ofrecen la solvencia y garantías necesarias para administrar salarios; la discusión seguirá en el Congreso.
Qué sucedió
La eliminación del capítulo que habilitaba la acreditación de sueldos en billeteras virtuales se conoció el martes, un día antes de que el Senado le diera media sanción al texto sin ese apartado (fuente: Ámbito, 13/02/2026). El Ejecutivo explicó la decisión en términos técnicos: no se trata de una réplica ideológica ni de ceder ante presiones, sino de garantizar que el pago de salarios —con carácter alimentario— se haga bajo esquemas de protección apropiados.
Los argumentos del Gobierno
Desde la Casa Rosada remarcan varios puntos concretos sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP): no cuentan con respaldo directo del Banco Central en caso de insolvencia; no muestran capacidad financiera equivalente a la exigida a los bancos; y no tienen responsabilidad patrimonial estructurada para garantizar haberes frente a demoras del empleador (fuente: Ámbito, 13/02/2026). Ojo que el salario no es un pago cualquiera: su función alimentaria lo coloca en otra categoría regulatoria.
Qué proponía el artículo eliminado
El artículo 35 del proyecto pretendía modificar el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que los salarios se acrediten no solo en cuentas sueldo bancarias, sino también en instituciones de ahorro oficiales o PSP habilitados por el Banco Central (fuente: Ámbito, 13/02/2026). Además, el texto derogaba la obligación vigente de que la cuenta sueldo sea 100% gratuita para el trabajador, lo que marcaba un cambio económico directo para quien cobra la plata.
Reacciones y tensiones políticas
El bloque del PRO expresó rechazo con el lema "Libertad para trabajar, libertad para cobrar" y líderes del ecosistema fintech salieron a defender la actualización normativa. Desde la Cámara Argentina Fintech sostienen que las billeteras ya están reguladas por el Banco Central y que los fondos permanecen dentro del sistema financiero, por lo que no habría vacío regulatorio (fuente: Ámbito, 13/02/2026). La discusión trasciende el texto: está en juego quién administra el ingreso principal de unos 10 millones de trabajadores formales y bajo qué reglas (fuente: Ámbito, 13/02/2026).
Análisis práctico: qué implican ambas posturas
Vemos dos preocupaciones legítimas que chocan. Por un lado, la apertura agrega competencia, posible innovación en UX y mayor libertad de elección para el trabajador. Por el otro, si se permite que una billetera reciba sueldos sin requisitos de solvencia equivalentes a los bancarios, hay riesgos concretos: demoras en acreditaciones, problemas si el PSP enfrenta problemas de liquidez, y pérdida de la garantía de gratuidad.
Si la prioridad es la protección del trabajador, exigir normas prudenciales similares a las bancarias es coherente. Si la prioridad es la competencia y la elección del usuario, se necesita una transición regulatoria que combine autorización progresiva con requisitos de capital, seguros o mecanismos de garantía.
Qué pedirle al proceso legislativo
Recomendamos tres cosas prácticas para que la discusión avance sin dejar a nadie fuera:
- Establecer estándares mínimos de solvencia y responsabilidad patrimonial para PSP que quieran operar con sueldos, con plazos claros de adaptación.
- Mantener la gratuidad de la cuenta sueldo mientras no exista un esquema de protección equivalente o mecanismo de compensación para el trabajador.
- Definir mecanismos de supervisión y respaldo (por ejemplo, requisitos de reserva o seguro) que sean verificables por el Banco Central y transparentes para el público.
Cierre y perspectiva
Esta fue la segunda vez que el Gobierno intentó habilitar la acreditación de sueldos en billeteras y volvió a dar marcha atrás (segundo intento, fuente: Ámbito, 13/02/2026). La decisión actual prioriza la prudencia regulatoria frente a una apertura inmediata. Nosotros creemos que la solución no es prohibir ni dejar todo librado al mercado: es construir reglas claras y medibles para que la gente pueda elegir dónde cobrar su plata sin perder las protecciones que exige un salario. La discusión seguirá en el Congreso; mientras tanto, conviene seguirla con atención y pedir certezas sobre plazos, requisitos y garantías.
