El negocio de la morosidad: cómo actúan los estudios de cobranzas en Argentina

Los estudios de cobranzas y agencias jurídicas están usando llamadas automáticas, WhatsApp y mensajes amenazantes para reclamar deudas en un contexto de fuerte deterioro de ingresos. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), el endeudamiento con entidades financieras llegó a 14,9% de los hogares y creció 28,9% frente al cuarto trimestre de 2023; la morosidad en créditos personales se sitúa en 13,8% (IAG). Ese volumen explica por qué proliferan carteras cedidas a firms que externalizan la presión de cobro.

¿Qué hacen los estudios de cobranzas y por qué aumentan?

Vemos prácticas mixtas: llamadas automatizadas desde contact centers, mensajes por WhatsApp y e-mails con intimaciones y ofertas de descuentos que suelen exigir un pago inicial alto. Muchas entidades prefieren esta vía porque iniciar juicios sale caro y, a veces, el activo a embargar no existe. Además existe un incentivo perverse: tasas de mercado que hicieron inviable la devolución del crédito. Por ejemplo, la línea para "Consolidación de deudas" del Banco Nación arranca en 72,92% TEA para usuarios regulares y llega a 86,55% TEA para usuarios en situación irregular, según la oferta comercial de la entidad. Esa combinación de deuda cara y caída de ingresos alimenta la cartera de morosos y el negocio del recupero.

¿Eso es legal? ¿Qué prácticas están prohibidas?

No todo vale. La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) prohíbe el hostigamiento y el trato indigno; el Artículo 8 bis es la referencia para reclamar trato digno. La Ley 25.326 protege los datos personales y limita el uso de la información financiera sin consentimiento; las denuncias por uso indebido de datos pueden tramitarse ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Además, la normativa local y las defensorías -por ejemplo la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo de la CABA- reciben reclamos por llamadas a terceros, simulación de procesos judiciales y contactos fuera de horario hábil.

Ojo que ciertas deudas prescriben: en general la prescripción opera alrededor de los 5 años según el tipo de obligación, por lo que intentar cobrar obligaciones ya prescritas puede ser denunciable.

Cómo defenderse: pasos prácticos y urgentes

Primero, pedir todo por escrito. Exigir que la agencia o el estudio informe matrícula del abogado, origen del crédito y desglose de capital, intereses y gastos. Si te llaman, anotá fecha, horario y número y pediles que envíen la intimación por correo electrónico o carta documento. No pagar por presión telefónica; fijate y negociá en un trámite formal con plazos y montos por escrito.

Denunciá: la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor acepta reclamos en línea; en la Ciudad podés llamar al 147 opción 6 o usar la web de BA Defensa al Consumidor; ante uso indebido de datos, la AAIP recibe denuncias por violación de la Ley 25.326. Si hay amenazas de violencia o extorsión, corresponde la denuncia penal en la fiscalía o comisaría local.

Qué deberían hacer bancos y reguladores ahora

La política debe combinar alivio y regulación. El propio ministro Luis Caputo pidió a banqueros que extiendan plazos y cobren tasas más bajas para evitar una crisis de impago. Es razonable: cuando el costo financiero supera ampliamente la capacidad de pago, la deuda se vuelve impagable y la recaudación real cae. Los bancos y fintech deben transparentar costos, ofrecer planes con periodicidad y tasa claras, y limitar el outsourcing de cobranzas que usa prácticas abusivas.

Además, la autoridad de control debería exigir registros públicos de las firmas que gestionan carteras, métricas de incidencia de denuncias y sanciones rápidas por acoso. Si el endeudamiento de hogares es 14,9% y la mora sube, la respuesta no puede ser solo presión extrajudicial; tiene que incluir políticas de reestructuración, supervisión y vías de acceso a asesoramiento independiente para los deudores (defensorías y asociaciones como Justicia Colectiva o Deudas.ar).

Ser claro y práctico ayuda al deudor y al sistema: menos llamadas intimidatorias, más soluciones por escrito y reglas que obliguen a transparentar quién cobra y cómo.