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El contrabando bajo las napas: un golpe a firmas, consumidores y al fisco

Un informe privado y cifras de cámaras señalan que el contrabando creció fuerte en celulares y otros rubros, con pérdidas fiscales estimadas en US$2.300 millones en 2025.

Publicado el 31 de mayo de 2026, 08:06 hs

El contrabando bajo las napas: un golpe a firmas, consumidores y al fisco

El contrabando está creciendo de forma significativa y ya condiciona precios, innovación y recaudación: según AFARTE, la porción del mercado de celulares ingresada por vías informales subió del 7% al 35% (dato citado por LA NACION). El informe de la consultora MAP, terminado a fines de noviembre de 2025 y difundido por LA NACION, calcula además una merma de ingresos fiscales por alrededor de US$2.300 millones en 2025, afectando sectores como cerveza, tabaco, textiles y celulares.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos impactos en tres frentes claros: empresas en regla, consumidores y el fisco. Para las empresas formales, la competencia desleal erosiona márgenes y reduce incentivos a invertir: la carga impositiva que afrontan las firmas formales llega a representar alrededor del 34% del costo del producto, según declaraciones citadas en LA NACION. En el consumo, el anzuelo es el precio: en celulares uno de cada tres aparatos se vende fuera del circuito formal (AFARTE, vía LA NACION), y en cerveza el relevamiento de la Cámara de la Industria Cervecera señala que el 40% de la mercadería en AMBA tiene origen ilegal. Para el Estado, MAP estima que la brecha equivale a US$2.300 millones en 2025, que la nota asocia a partidas como impuestos internos y retenciones, con cifras comparativas que muestran el tamaño relativo del fenómeno.

¿Por qué creció el contrabando?

No es un solo factor. El informe de MAP apunta a una combinación de debilitamiento de controles y una expansión de canales digitales. Entre las causas mencionadas están la eliminación de veedores sectoriales, verificaciones técnicas y controles previos de ANMAT, y la menor fiscalización administrativa en registros de importadores (MAP, citado por LA NACION). La logística lo hizo más fácil: el estudio indica que entran fuera del circuito formal unas 50.000 unidades de celulares por semana, la mitad por pasos fronterizos con Paraguay y la otra mitad por rutas aéreas vinculadas a Panamá (LA NACION). Además, la migración masiva de consumidores al comercio electrónico amplifica el alcance: MAP y la nota citan proyecciones que estiman que el e-commerce será responsable del 30% del comercio en 2030, lo que crea rutas digitales explotables por redes ilícitas.

¿Qué medidas muestran resultado y qué falta?

Hay ejemplos prácticos: Estados Unidos reformó el régimen de "de minimis" para exigir más datos a importadores; Brasil sancionó normativa específica contra venta irregular de celulares en junio de 2024; la Unión Europea exige deberes de diligencia a marketplaces (datos citados en LA NACION). En la Argentina, el Ministerio de Seguridad reportó mayor operatividad: en la provincia de Salta multiplicaron por seis las personas y vehículos controlados en rutas clave, según la misma nota. Sin embargo, falta un eje que combine control físico y trazabilidad digital: exigencias de información obligatoria para vendedores online, trazabilidad por IMEI activado en bandas locales y mayor intercambio público-privado de datos. Estas herramientas no son mágicas, pero a nivel internacional han reducido rutas ilícitas cuando se aplican de forma coordinada.

¿Qué puede hacer el consumidor y qué pedimos como sociedad?

Primero, proteger la propia compra: pedir factura, garantía y verificar que el IMEI esté autorizado para operar en bandas argentinas (LA NACION señala que eso permite detectar importaciones no declaradas). Para empresas y plataformas, exigimos transparencia: que los marketplaces muestren origen del vendedor, datos del importador y condiciones de posventa; así como simuladores públicos para estimar impacto fiscal y reglas de transición, en línea con nuestra postura previa sobre transparencia en compras de celulares y cambios fiscales. A nivel público, urge fortalecer controles en puntos de frontera y aeropuertos, pero también normas que obliguen a la trazabilidad digital y sanciones efectivas contra vendedores reincidentes.

Cerramos con una frase práctica: el problema no es sólo control policial; es también diseño de reglas claras y datos accesibles. Si queremos que la economía formal compita de manera justa y que el consumidor pueda elegir con información, hay que combinar operativos, trazabilidad y transparencia en plataformas. Ojo que sin eso, los que compiten en regla siguen pagando más plata y menos inversión en innovación.

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